La situación española se torna cada vez más oscura, y no me refiero exclusivamente al plano económico, ni siquiera al plano social. La situación política no es que roce, es que ha rebasado el límite de la realidad para adentrarse en un marco que Unamuno definiría como esperpento.
No voy a hacer valoraciones de corte ideológico en este artículo, simplemente voy a hacer valoraciones que yo definiría de «sentido común». El título de la entrada es por parafrasear a Aleix Saló, pero la tesis que propongo es que nos intentan vender que vivimos según el modelo europeo cuando nos encontramos más latinoamericanos que nunca. Al fin y al cabo, fuimos nosotros los que exportamos nuestra cultura caciquista y feudal al otro lado del Atlántico, esa misma cultura que cínicamente criticamos sin reflexionar en que ni siquiera nosotros, los grandiosos españoles europeos, hemos sido capaz de dejar atrás. La situación política que vivimos ahora es exactamente la misma que vivíamos hace cien años, y al sistema canovista lo sustituyó la dictadura de Primo de Rivera. No quiero ni pensar qué será de nosotros en un futuro próximo.
Como he escrito antes, no voy a hacer valoraciones ideológicas, ni tampoco voy a adentrarme en cuestiones tan manidas como el prostituido sistema electoral español, o que el conjunto de empresarios gane más que el conjunto de trabajadores, o que en haya más de 3 millones de pisos vacíos en España a la vez que 300 desahucios al día, o que las listas electorales estén plagadas de imputados por corrupción. Simplemente voy a citar algunas cuestiones que creo deberíamos plantearnos, ya que en un sistema donde la soberanía se supone reside en los ciudadanos, no entiendo cómo permitimos que sucedan determinadas cosas.
– Caciquismo oligarca y favores feudales: el PP indultó a un alto cargo del gobierno de Jordi Pujol que había sido condenado a cuatro años de prisión exactamente cuatro días antes de que CiU mostrase su apoyo en la votación del Congreso de la reforma laboral. En un sistema democrático, este tipo de actuaciones deberían penalizarse inmediatamente por ser una muestra de clientelismo político.
– No hacer públicos los presupuestos generales del Estado hasta después de haber transcurrido el primer trimestre: es inconcebible que aceptemos sin reproche alguno no saber los presupuestos generales hastadespués de transcurrir las elecciones de una comunidad autónoma -dos, después de que Cascos tirase por la borda su responsabilidad política-. Es evidente que los derechos sociales se van a ver minados con la dotación económica de 2012 y que el Partido Popular no quiere que eso le repercuta en la previsible victoria electoral en Andalucía, pero es inadmisible que los organismos públicos no sepan cómo operar este año porque aún desconocen su dotación económica.
– Utilizar el dolor de las víctimas del terrorismo con fines políticos: ¿os imagináis que en EE.UU. o en Inglaterra los políticos se tirasen los trastos a la cabeza a causa del 11-S o del 7-J, respectivamente? En estos países se dejaron cicatrizar las heridas tras la resolución de las sentencias, mientras que en Españistán utilizamos el dolor de las víctimas para adoctrinar y conseguir votos. Es realmente rastrero un comportamiento así, y no sólo lo llevan a cabo los políticos, sino que lo secundan la mayoría de medios de comunicación -como La Gaceta, Libertad Digital o La Razón-.
– Hacer campaña política en visitas oficiales: me parece vergonzoso que un cargo político de una Junta autonómica intente adoctrinar a menores de edaden una visita a un instituto público. Tal comportamiento requiere la dimisión inmediata.
– Dar prioridad a un empresario extranjero frente a las leyes españolas: es de sobra conocida la guerra que mantienen Madrid y Cataluña por acoger el ambicioso proyecto del magnate Sheldon Adelson. Ahora bien, ¿a qué precio queremos un Eurovegas en España? ¿Cómo es posible que estos los gobiernos autonómicos quieran ceder en materias del derecho básicas, como la legislación laboral o la ley del menor, con tal de acoger un proyecto de inversión privada?
– Plantear la limitación de derechos fundamentales -y constitucionales-: cuando la patronal madrileña planteó la necesidad de limitar el derecho a huelga a nadie le pareció extraño. Al fin y al cabo, los empresarios velan por sus propios intereses. Sin embargo, ¿qué pasa si ese planteamiento viene desde los propios organismos públicos y sus representantes, haciendo caso omiso a los derechos recogidos en la Carta Magna? Estamos hablando de que CiU ha expuesto abiertamente que quiere adoptar medidas anticonstitucionales, ¿vamos a permitir esta violación flagrante de los derechos de los trabajadores en pos de los intereses empresariales?
Sinceramente, no sé hacia dónde nos dirige esta situación económica que está sirviendo de excusa para que las élites del poder se permitan realizar retrocesos sociales que nos conducen a principios del siglo XX. Reivindicar la recuperación del Estado de Bienestar, reivindicar vivienda y salario dignos, regular y controlar los sistemas públicos y políticos, asegurar prestaciones sociales mínimas y una seguridad social y educación pública decentes, etc. se están convirtiendo en la bandera de la izquierda para salir a la calle, y como he señalado antes, estas peticiones no forman parte de la izquierda, forman parte del sentido común circunscrito en un Estado de Derecho y Bienestar. O nos unimos todos para asegurar nuestra dignidad y el futuro digno de nuestros hijos, o el esperpento regirá de tal forma nuestro país que ni los coetáneos de la Restauración Canovista habrán visto unas cotas de miseria como las que se avecinan.
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La lechuga de Minerva 