¿Monarquía, república, o sentido común?

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2 abril, 2013 por AlbaChaparro

Dice la Constitución española que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, y que de los actos del Rey serán responsables las personas que lo refrenden (es decir, el Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes). Eso lo dice el Título II de una Constitución que se creó, bajo la sombra del franquismo, con un deseo demócrata que blindó las instituciones para evitar posibles rupturas sistémicas. Pero han pasado más de 35 años desde su redacción, por lo que ahora es, quizás, el momento de revisar un texto obsoleto que legaliza la indecencia.

Son numerosos los escándalos que atenazan a la Casa Real: los negocios de Urdangarín, la posible implicación de la infanta Cristina en el caso Nóos, las cacerías del Rey en Botsuana mientras a España le persigue el fantasma del rescate, la ruptura no-oficial de los reyes de España y la inmersión en la familia de Corinna… y una cuenta millonaria en Suiza fruto de la herencia que Juan Carlos I recibió a la muerte de su padre. Es por eso que nos encontramos ante un momento de revisionismo institucional: quizás no estamos preparados para cambiar el modelo monárquico, pero sí deberíamos estarlo para modernizar la monarquía.

En España, históricamente, siempre ha habido un miedo atroz al cambio -especialmente al cambio progresista-, y ese miedo se encuadra en la gran paradoja nacional: el sentimiento de retraso respecto al resto del mundo occidental. Pese a creer que vivimos en un país que necesita actualizarse para alcanzar los niveles europeos, nos encerramos en la inmutabilidad del sistema y el temor a las modificaciones. Lamentablemente, esta paradoja nos confina a un círculo vicioso del que es muy difícil escapar, ya que es ese temor el que cercena cualquier posibilidad de avance.

Pese a ser republicana convencida, no voy a adentrarme en elogiar los beneficios de un cambio completo de sistema, pues creo que antes de plantear cualquier modelo alternativo habría de hacerse un llamamiento al sentido común, y ese sentido común nos conduce inevitablemente a una revisión institucional o, al menos, a un llamar a las cosas por su nombre.

Hace poco me dijeron que las personas somos dueñas de nuestros silencios pero presas de nuestras palabras, y el Rey, por mucho que sea constitucionalmente inviolable, es también persona y, por tanto, preso de sus palabras. En el discurso de Nochebuena del pasado año, Juan Carlos I dijoque se necesitaba rigor, seriedad y ejemplaridad en todos los sentidos, y que las personas con responsabilidades públicas deberían tener un comportamiento ejemplar. También dijo que la justicia es igual para todos, y que cualquier actitud censurable debería ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley.

Mi reflexión y mi llamamiento al sentido común se centra en las palabras del monarca. Como ciudadanos que somos, debemos exigir que la Casa Real cumpla con las palabras de su máximo representante y, especialmente, debemos perder el miedo a señalar con el dedo las actuaciones censurables. Si la justicia es igual para todos, no hay mayor símbolo de ejemplaridad que pedir al juez de Nóos que impute a TODAS las personas que estén relacionadas en el caso. Si las personas públicas deberían tener un comportamiento ejemplar, debemos exigir que el dinero del Rey tribute en España. Y, ante todo y sobre todo, si las personas responsables de las actuaciones del Rey son el Presidente del Gobierno y sus Ministros -ya que Juan Carlos I es inviolable-, que sean ellos los que den la cara y tomen las decisiones pertinentes respecto a la Corona.

No olvidemos que fue el propio Ministro de Hacienda el que dijo “los que tienen que comparecer son los que tienen cuentas en Suiza“, y no olvidemos que el Rey, por muy inviolable que sea, es una persona con responsabilidad pública (y, por tanto, debería tener un comportamiento ejemplar). Así pues, nuestro deber ciudadano es exigir que la ejemplaridad se demuestre con hechos y no con palabras, y perder el miedo a señalar con el dedo las actitudes ignominiosas; y si esas actitudes ignominiosas las lleva a cabo el Rey, que la justicia se haga efectiva y paguen por ellas las personas pertinentes. Ése es el único camino para conseguir que España sea realmente un Estado de Derecho.

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