Protestas contra el marqués de Galapagar

Estamos a finales de agosto y las protestas ante la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero no han cesado desde mayo, lo que se traduce en más de tres meses de concentraciones reiteradas frente a una vivienda particular. He de reconocer que ni Iglesias ni Montero provocan en mí especial afecto, al igual que el resto de casta política de la que, tras mucho criticar, han acabado formando parte; sin embargo, esta situación describe una realidad ideológica en la que me gustaría profundizar un poco.

Hace un par de días se hizo público que la Fiscalía de Madrid no ve indicio de delito en la actuación de Cristina Gómez, una concejal de Vox en Galapagar que ha reiterado su presencia frente al chalé de la pareja y fue denunciada por coacciones y amenazas (de forma tanto presencial como a través de las redes sociales). El Ministerio Público entiende que personarse en el domicilio de Iglesias y Montero durante más de un mes para gritarles y abuchearles puede ser incómodo pero en ningún momento delictivo.

A colación de las caceroladas y concentraciones frente a la casa de los dirigentes de Podemos, han sido recordados los escraches, métodos de protesta que el propio Iglesias calificó en su día como “jarabe democrático” en el contexto de que pudieron trasladar los problemas de la ciudadanía a la elitista agenda política (dando visibilidad, por ejemplo, a las cláusulas abusivas de las hipotecas y abriendo el debate de mecanismos como la dación en pago retroactiva). Sin embargo, hay que destacar que existe una gran diferencia entre un escrache y la circunstancia actual que se vive en Galapagar: la continuidad en el tiempo.

Según la RAE, un escrache es una “manifestación popular de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la Administración, que se realiza frente a su domicilio o en algún lugar público al que deba concurrir”. Se toma por buena la fecha de 2010 para establecer el primer escrache en España, llevado a cabo contra Rosa Díez en la Universidad Complutense de Madrid e, irónicamente, ante la presencia de Pablo Iglesias; empero no fue hasta 2013 cuando este término se dio a conocer masivamente gracias a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya cara visible por aquel entonces era la ahora alcaldesa de Barcelona Ada Colau. La crisis arreciaba y los desahucios eran cada vez más constantes, por lo que la PAH estableció este método de protesta para señalar a los cargos que rechazaban la Iniciativa Legislativa Popular contra los desahucios y que contó con casi un millón y medio de firmas. Políticos como Esteban González Pons o Soraya Sáenz de Santamaría, por aquel entonces miembros del partido del Gobierno, fueron víctimas de este tipo de desaprobación.

Durante este 2020 los escraches han resurgido contra diferentes miembros de los partidos del Gobierno actual, como Adriana Lastra, José Luis Ábalos o los ya citados Pablo Iglesias e Irene Montero; y, con ellos, el debate sobre la línea que separa el acoso y la libertad de manifestación. De momento, no existe término jurídico que recoja los escraches, por lo que es muy difícil establecer dicha separación, pero sí hay otros recursos que no se están teniendo en cuenta y que son lo verdaderamente problemático de esta situación: que hay escraches que están dejando de serlo para convertirse en acoso.

Según la RAE, acoso es acción efecto de acosar, cuya primera acepción es “perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona” y cuya tercera acepción es “apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos”. En el momento en que un escrache se dilata en el tiempo por más de tres meses (el más sonado de 2013 fue a Sáenz de Santamaría y duró 20 minutos) y se expande más allá de su ubicación original (Pablo Iglesias e Irene Montero tuvieron que interrumpir la semana pasada sus vacaciones por amenazas) ya se ha convertido en acoso. Y el acoso sí está tipificado en el Código Penal, concretamente en el artículo 172 ter.

Rosa Díez sufrió un escrache en 2010, González Pons y Sáenz de Santamaría lo hicieron en 2013, y Lastra y Ábalos en este 2020; pero lo que están padeciendo Irene Montero y Pablo Iglesias es claramente acoso, y cuando la motivación del acoso es puramente ideológica, se denomina fascismo. Además, que en este país no sólo no nos llevemos las manos a la cabeza por esta situación, sino que haya cargos públicos y medios de comunicación que la defiendan, significa que la democracia española está herida y que los ciudadanos somos cómplices del blanqueamiento del fascismo.

Que la Fiscalía no reconozca delito en que Cristina Gómez, concejal de Vox, acuda durante más de un mes a berrear frente a un domicilio particular donde viven tres menores de edad, es blanqueamiento del fascismo.

Que una concejal de Vox, es decir, una representante pública, pueda hacer uso del acoso para tratar de imponer sus ideas políticas en el ámbito privado de otros representantes públicos sin que ello perjudique su estatus administrativo ni su condición dentro del partido, es blanqueamiento del fascismo.

Que haya medios de comunicación que publiquen dónde está de vacaciones la familia Iglesias-Montero aun sabiendo del hostigamiento al que se están viendo sometidos (es decir, para potenciar tal hostigamiento) y la opinión pública no lo repruebe, es blanqueamiento del fascismo.

Que haya líderes políticos que recuerden a Pablo Iglesias que defendió el “jarabe democrático” que suponen los escraches, sacando de contexto que lo que definió como una herramienta para “democratizar los debates políticos”, sin tener en cuenta las diferencias entre un escrache y el acoso, es blanqueamiento del fascismo.

Imaginad qué le pasaría a Isa Serra si durante más de un mes acudiese al domicilio de Santiago Abascal a gritar improperios y decirle que se fuera a vivir a otro sitio. Imaginad que Soraya Sáenz de Santamaría hubiera tenido que suspender sus vacaciones cuando era Vicepresidenta por amenazas y pintadas. Imaginad que Rodrigo Rato hubiera sufrido escraches en su vivienda tras el escándalo de las preferentes. Ahora imaginad la actuación de la policía en tales circunstancias, ¿creéis posible que esas situaciones se hubieran normalizado? Pues eso, blanqueamiento del fascismo.

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